Marta (nombre ficticio) recibió una llamada de una amiga llorando porque había recibido una carta de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia reclamándole una importante cantidad de dinero porque no cumplía alguno de los requisitos. Les informan que tienen 10 días para justificar con documentos esas condiciones o tendrán que asumir cantidades que van de los 4 mil a los 46 mil euros. Estamos hablando de chicos y chicas que han pasado parte de su infancia en un centro, y que al cumplir los 18 tienen que emanciparse. Unos aceptan la ayuda de entidades que les sirven de referenes socioeconómicos y les ofrecen una vivienda. Otros no. En cualquier caso ya les había fallado lo fundamental, como es la familia, y ahora la administración. La mala gestión del departamento de la Generalitat se ha hecho evidente tras un informe de la sindicatura de cuentas. Había unos 167 millones de euros sin justificar en ayudas. Una parte ínfima de estas ayudas corresponde a los jóvenes ex-tutelados, pero han empezado por ellos comunicándoles de una forma muy abrupta que tienen que justificar esas ayudas. Eso que están controlados por sus referentes y educadores.

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.