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Carlos Cuesta entrevista a Rocío Dívar, senadora del PP. Analizan las claves de la trama que vincula a un exalto cargo del ministerio de Ribera
La senadora del Partido Popular Rocío Dívar ha advertido en esRadio de que la investigación sobre la empresa energética Forestalia podría abrir nuevos frentes judiciales y políticos por las posibles ramificaciones del caso. En una entrevista en La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta, Dívar ha explicado que las últimas actuaciones de la Guardia Civil apuntan a presuntos delitos graves relacionados con la concesión de proyectos eólicos en Aragón.
Según ha detallado la senadora, una de las claves del caso es que la investigación ha evolucionado y ya no se limita a las pesquisas previas. "Para mí la gran sorpresa de las detenciones de ayer es que no tienen una conexión directa con las investigaciones previas. Por lo tanto, Forestalia empieza a tener muchos frentes abiertos", ha señalado.
Dívar ha recordado que el pasado mes de diciembre ya se produjo un registro en la empresa por parte de la UCO el mismo día que se detuvo a varias personas vinculadas a otra investigación. "Ahí ya se hablaba de que Forestalia había podido pagar mordidas para conseguir favores de empresas vinculadas a la SEPI", ha explicado.La investigación sobre el clúster del Maestrazgo
La senadora ha subrayado que la nueva línea de investigación se centra en el llamado clúster del Maestrazgo, un proyecto energético de gran dimensión que preveía la instalación de numerosos parques eólicos en la provincia de Teruel.
"Sabéis que el clúster del Maestrazgo es un proyecto que ha generado muchísimo conflicto", ha explicado Dívar, detallando que el plan contemplaba la implantación de "entre 20 y 25 parques eólicos en esta comarca", además de plantas fotovoltaicas y una gran línea eléctrica para evacuar la energía generada.
Según ha señalado, esa línea de evacuación tendría más de 200 kilómetros y estaba diseñada para conectar Teruel con la Comunidad Valenciana. "Esa línea tenía más de 200 kilómetros y tenía que unir Teruel con la Comunidad Valenciana", ha indicado.
A su juicio, el conflicto social generado en los municipios afectados se debe precisamente a esa infraestructura. "Probablemente ha generado mucho más conflicto en los municipios que atraviesa que las propias plantas", ha añadido.Sospechas de mordidas para acelerar trámites
En relación con la investigación judicial, Dívar ha explicado que la Guardia Civil está analizando posibles pagos ilegales para acelerar procedimientos administrativos vinculados a los proyectos energéticos.
"Estaría directamente vinculada con el pago de mordidas a este funcionario del que habéis hablado, que era el subdirector general de Calidad Medioambiental: el pago de mordidas para que les acelerara todos los trámites y las declaraciones de impacto ambiental", ha afirmado.
La senadora ha recordado que, según la información difundida por la Guardia Civil, las diligencias abiertas apuntan a posibles delitos de "prevaricación, de cohecho, de blanqueo y de pertenencia a organización criminal".
A su juicio, estos hechos complican seriamente la situación del empresario investigado. "Por eso digo que a este empresario se le complican de verdad las cosas", ha señalado.Críticas por la falta de explicaciones políticas
Dívar también ha criticado la reacción del Gobierno ante la investigación y la falta de explicaciones públicas por parte de los responsables políticos implicados en el nombramiento del funcionario investigado.
"Las únicas declaraciones que se han hecho después de este caso han sido decir que es un señor que hace dos años que no trabaja en el ministerio porque se jubiló", ha lamentado.
Sin embargo, ha recordado que cuando se produjeron los hechos el ministerio estaba dirigido por Teresa Ribera, que no se ha pronunciado. "Hace dos años había una ministra que era Teresa Ribera, que no ha dicho absolutamente nada", ha subrayado.
Para la senadora, la gravedad del caso exige al menos explicaciones públicas. "A mí me parece que transparencia y una mínima explicación, cuando uno tiene a un subdirector general que está cobrando mordidas a cambio de acelerar los trámites que le corresponde hacer como funcionario público, es lo suficientemente grave", ha concluido.
Dívar ha añadido que las distintas investigaciones abiertas podrían acabar conectándose entre sí, ya que varias de las personas investigadas comparten vínculos políticos y empresariales. "Creo que vamos poco a poco uniendo la línea de puntos", ha afirmado, señalando que el nombre del exdirigente socialista Santos Cerdán aparece como nexo entre distintos episodios del caso.