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Carlos Cuesta entrevista a Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales, Juventud e Infancia de la Comunidad de Madrid sobre esa decisión de Sánchez
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha criticado la gestión del Gobierno en materia migratoria y ha denunciado la falta de respuesta del Ejecutivo a la petición de repatriación de menores inmigrantes no acompañados realizada por el Gobierno regional. En una entrevista en esRadio, en el programa La noche de Cuesta, Dávila ha asegurado que el Ejecutivo central mantiene paralizados los expedientes pese a que Madrid los remitió hace meses para iniciar los procedimientos de reagrupación familiar.
Según ha explicado la consejera, la Comunidad de Madrid trasladó a la Delegación del Gobierno 88 expedientes de menores con el objetivo de que se iniciara el proceso para que estos pudieran regresar con sus familias o ser atendidos por los sistemas de protección de sus países de origen. Sin embargo, la respuesta recibida hasta ahora ha sido que los informes necesarios para avanzar en el procedimiento no han llegado.
"La Delegación del Gobierno nos dice que los informes que tiene que solicitar a los consulados y embajadas de los países de origen no los consigue", ha afirmado. Aunque los expedientes siguen formalmente abiertos, Dávila sostiene que la Comunidad de Madrid percibe una clara falta de voluntad política para resolver la situación. "Lo que manifiestamente vemos es la voluntad del Gobierno de no hacer nada, como ya lleva dos años haciendo en materia de política migratoria", ha denunciado.Presión sobre el sistema de protección
La consejera ha advertido de que esta situación está generando un fuerte impacto en los sistemas autonómicos de protección de menores, que —según ha explicado— no están preparados para afrontar una llegada masiva y continuada de menores inmigrantes no acompañados. En este sentido, ha asegurado que la presión sobre los recursos públicos está siendo especialmente intensa en determinadas comunidades autónomas.
"Es absolutamente el colapso de los sistemas de protección de menores de todas las comunidades autónomas, especialmente de aquellas gobernadas por el PP", ha señalado. A su juicio, la política migratoria del Ejecutivo central está provocando que las comunidades deban asumir una carga que no les corresponde sin coordinación ni recursos suficientes.
Durante la entrevista, Dávila también ha acusado al Gobierno de utilizar a los menores inmigrantes como instrumento político en el reparto entre territorios. En su opinión, el Ejecutivo ha aplicado mecanismos de distribución que responden más a acuerdos políticos que a criterios de gestión o protección de los menores.Reparto de menores tras acuerdos políticos
"Lleva meses utilizando, en concreto, a los menores", ha afirmado la consejera. Dávila ha recordado que el Gobierno aprobó un real decreto-ley para repartir a menores inmigrantes entre comunidades autónomas, una medida que, según ha denunciado, se adoptó tras acuerdos con partidos independentistas.
Según ha explicado, esos acuerdos dejaron fuera del reparto a determinados territorios. "Tras un acuerdo con los independentistas catalanes, a Cataluña y al País Vasco les correspondían cero menores en ese reparto forzoso", ha señalado, criticando que otras comunidades, como Madrid, sí deban asumir esos traslados.
Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha decidido recurrir judicialmente varias de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central. La consejera ha explicado que el decreto que regula este reparto ya está impugnado ante los tribunales y que el Gobierno regional seguirá defendiendo sus competencias en esta materia.
"Hay un real decreto-ley que está recurrido ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional", ha recordado. Además, ha añadido que el Ejecutivo madrileño seguirá presentando recursos contra cada traslado que considere irregular. "Cada traslado forzoso que está haciendo el Gobierno de España lo estamos recurriendo", ha señalado.Defensa de la reagrupación familiar
Dávila ha defendido que la prioridad debe ser siempre analizar si existe la posibilidad de que los menores regresen con sus familias o sean atendidos por los sistemas de protección de sus países de origen. Según ha explicado, esos sistemas pueden conocer mejor las circunstancias personales y familiares de cada menor y ofrecer una respuesta más adecuada.
"Vamos a seguir insistiendo en que el Gobierno de España nos explique por qué estos menores van a rechazar que retornen a su entorno familiar o al sistema de protección de su país de origen", ha afirmado. A su juicio, la situación actual demuestra que el sistema de protección de menores en España no está diseñado para afrontar una llegada masiva de menores extranjeros sin acompañamiento.
En este sentido, la consejera ha insistido en que estos recursos están pensados para situaciones temporales y concretas. "El sistema de protección es para proteger a menores en circunstancias puntuales y de forma temporal que no pueden estar en su entorno familiar, pero no para atender una avalancha de menores inmigrantes no acompañados", ha concluido.