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Carlos Cuesta entrevista a Elena Ramallo, doctora en derecho.
La doctora en Derecho Elena Ramallo ha advertido en esRadio, durante el programa La noche de Cuesta, de las consecuencias del proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, al que ha calificado como "un atentado directo contra el ordenamiento jurídico, contra el Estado de bienestar y contra la seguridad nacional".
Ramallo ha señalado que una de las principales consecuencias será el acceso prioritario a prestaciones sociales por parte de los beneficiarios. "Por renta, estas personas van a tener prioridad sobre los españoles", ha explicado, subrayando el impacto en servicios como las guarderías. "Las guarderías las pagarán los españoles para personas que se han regularizado, vamos a decirlo, de manera irregular, por decirlo de alguna forma. Y ellos tendrán que quedarse con sus hijos o buscar otra alternativa mientras pagan las guarderías de las personas que se han regularizado", ha afirmado.Presión sobre los servicios públicos
La jurista ha advertido de que este proceso puede provocar una fuerte presión sobre el sistema público. "Se va a saturar la sanidad, se va a saturar todo lo que tiene que ver con el Estado de bienestar", ha señalado, criticando que no se hayan previsto recursos adicionales para afrontar el aumento de usuarios.
En este sentido, ha apuntado que las previsiones oficiales podrían quedarse muy por debajo de la realidad, lo que incrementaría aún más la presión sobre los servicios públicos y agravaría la situación.Dudas sobre los antecedentes penales
Ramallo ha mostrado especial preocupación por el tratamiento de los antecedentes penales en el proceso. "Uno de los requisitos para poder acceder a la residencia, nacionalidad, etcétera, es la comprobación de los antecedentes penales", ha recordado, denunciando que en este caso no se garantiza ese control.
Ha explicado que muchas de las personas que acceden al proceso carecen de identificación fiable. "Son personas que vienen sin identificación, que no se puede comprobar ni siquiera quiénes son, ni su edad, ni su procedencia ni nada", ha señalado. Ante esta situación, ha criticado que se sustituya la verificación por una declaración jurada: "No hay que ser muy inteligente ni saber de derecho para tener claro que un delincuente no va a decir que es delincuente".
Para Ramallo, este sistema supone "todo un sinsentido, es todo un gran fraude" y tiene consecuencias directas tanto en la seguridad como en el funcionamiento del Estado de bienestar.