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Carlos Cuesta comenta el documento de ENTSO-E sobre las causas del incidente que dejó sin electricidad a España el 28 de abril.
Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de este miércoles al apagón y a la comparecencia de Beatriz Corredor ante la Comisión de Investigación del Senado, donde la presidenta de Red Eléctrica se mostró más preocupada por su propio enfado que por dar explicaciones a los ciudadanos. "Usted ha mentido, sistemáticamente, hasta el punto de que nos ha ocultado pruebas durante ocho meses", ha afirmado, en referencia a los audios internos que la empresa habría retenido y que demuestran que sus propios técnicos señalaban al exceso de fotovoltaica como causa del colapso.
En La Noche de Cuesta, Carlos Cuesta ha recordado que Beatriz Corredor, que cobra más de medio millón de euros al frente de una empresa controlada por el Gobierno, compareció ante los senadores sin ofrecer una explicación coherente del mayor apagón registrado en la Europa moderna. "Lo que no pudimos escuchar es una versión normal y coherente de por qué nos hemos convertido en el único país, en el entorno europeo, que ha tenido un apagón de estas características", ha lamentado.
Cuesta ha contrapuesto esa actitud con lo que revelan los audios que la propia Red Eléctrica mantuvo ocultos. En ellos, los técnicos de la empresa respondían a los operadores energéticos que la causa era la fotovoltaica, que el sistema estaba sobrepasado y que necesitaban más nuclear. "Frases de los técnicos de Red Eléctrica", ha subrayado, antes de recordar las palabras de Pedro Sánchez el 7 de mayo de 2025 cuando negó cualquier evidencia en esa dirección: "Todas las evidencias empíricas dicen justo lo contrario de lo que dijo el presidente".Lo que dice el informe europeo
Durante el editorial, Carlos Cuesta ha desgranado las conclusiones del panel de expertos de ENTSO-E, la red europea convocada tras el apagón. Ha subrayado que ese panel incluía entre sus miembros a representantes de la propia Red Eléctrica.
El informe señala que el apagón se debió a una mala gestión de la potencia reactiva y que el control de tensión de los generadores convencionales no fue efectivo, responsabilidad directa del gestor de la red. Apunta también a que las energías renovables, por imperativo legal, no pueden adecuarse a las necesidades de generación de potencia reactiva. Los mecanismos de control operaban manualmente, "lo que implica reacciones muy lentas ante las necesidades de respuesta rápida". Y concluye que el único dispositivo capaz de controlar la potencia reactiva con tiempos de respuesta de un milisegundo es el Satcom, "solo hay uno en toda España, lo que es claramente insuficiente".
La conclusión final del informe es que el sistema, "por su diseño", no pudo interrumpir la cascada de desconexiones y evitar el colapso total de los sistemas eléctricos españoles y portugueses. "¿De quién es la responsabilidad?", ha preguntado. La respuesta es siempre la misma: "De Red Eléctrica Española".El precio de la política energética
Cuesta ha situado esta situación en el marco de una decisión política deliberada. Ha recordado que, para evitar que se repita un apagón general, España está inyectando energía de ciclos combinados quemando gas natural, "el combustible más caro que tenemos", con el fin de dar estabilidad a un sistema que, por su diseño actual, se ha vuelto estructuralmente inestable.
Cuesta ha contrapuesto esa dependencia con lo que habría supuesto mantener la energía nuclear, cuyos proveedores de uranio son, en su mayoría, democracias estables como Australia, Canadá o Estados Unidos. "Si tuviéramos más energía nuclear, dependeríamos de economías estables y de democracias liberales", ha afirmado.
El editorial ha finalizado dejando claro la ineficacia del Gobierno de Pedro Sánchez: "Pagamos una barbaridad en impuestos en España y no es para tener ni un tren de segunda, ni una carretera de segunda, ni un sistema eléctrico de quinta regional". Por último, Cuesta ha recordado que los ciudadanos sufrieron el apagón sin poder hacer nada, mientras Corredor cobra medio millón de euros por una gestión de la que sigue "criterios políticos".